Tres dirigentes serán nuevamente juzgados por protestas ambientales

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Judicialización Amenazas Uso de la fuerza
Ubicación Espinar, Peru
País Perú
Fecha 11/5/2018

Descripción

El exalcalde de Espinar y dos exdirigentes del Frente de Defensa de la misma provincia cusqueña, respectivamente Óscar Mollohuanca y Sergio Huamaní y Herbert Huamán, serán nuevamente juzgados por las protestas ambientales que lideraron en 2012, luego de que una segunda instancia regresara todo el proceso a fojas cero.
Los tres imputados, que fueron absueltos de los cargos en primera instancia, ahora tendrán que revivir el juicio que lleva ya seis años, extendiendo aún por más tiempo el “vía crucis” que sufren los defensores ambientales de Espinar, según varios entendidos en la materia.
Recordemos que, tras el paro de 2012 en contra de la contaminación por metales tóxicos que sufre Espinar, Mollohuanca fue violentamente intervenido mientras se encontraba en sus oficinas en la municipalidad provincial y fue recluido bajo la figura de prisión preventiva. Otros líderes y defensores de derechos humanos también fueron detenidos, algunos de ellos incluso dentro de las instalaciones de la empresa minera Xstrata (hoy Glencore Antapaccay). Alegando “falta de garantías”, el Poder Judicial decidió trasladar el proceso hasta la ciudad de Ica, arbitrariedad que se mantiene hasta hoy pese a que las protestas acabaron y la zona se ha mantenido en calma. Ello ha significado elevados costos económicos y personales para los acusados, como parte de una estrategia de judicialización de la protesta que ha buscado obstaculizar la defensa de los activistas ambientales y de los líderes de las comunidades.

Cabe recordar que durante las protestas, tres manifestantes murieron por la represión policial con arma de fuego. Este caso ha quedado en la más absoluta impunidad.

Pese a que en la primera instancia quedó claro que no existe ninguna prueba de que Mollohuanca, Huamán y Huamaní hubieran “azuzado” a acciones violentas tal y como acusa la Fiscalía, este proceso se sigue alargando y se siguen prolongando así los costos personales para quienes alzaron su voz de protesta ante un caso emblemático de contaminación.