Conflicto Minero: Reubicación de la población de Morococha para desarrollar proyecto minero de Toromocho

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Información general

Ubicación Morococha, provincia de Yauli, Junín
Pais(es) Perú
Inicio del daño 2003
Inicio del conflicto 2003

Comunidades afectadas

Nombre Ocupación Detalles
Yauli, Comunidad Campesina AGRICULTURA Ver
Distrito de Morococha MINERIA Ver

Actores involucrados

Nombre Ocupación Detalles
MEM Ministerio de energía y minas MINERIA Ver
Yauli, Frente de Defensa del Desarrollo, la Vida y el Medio Ambiente del Distrito DESASTRES - CONTAMINACION Ver
CooperAcción - Acción Solidaria para el Desarrollo Ver

Descripción

El yacimiento fue descubierto en los años 20 del siglo XX. Actualmente se encuentra en proceso de exploración y se viene adquiriendo propiedades (viviendas, tierras, etc.) a terceros para iniciar la construcción de la mina. Se prevé que inicie operaciones en el año 2011. Con la adquisición del yacimiento por Perú Copper (2003), empezó la adquisición de viviendas a propietarios del pueblo de Morocha y tierras a la comunidad de Yauli para la construcción de una cancha de relaves. El desarrollo del proyecto implica la reubicación de la ciudad de Morococha y se desarrollaron diversos talleres informativos a la población. En el 2004, un sector mayoritario de pobladores ("Los inquilinos") solicitó a su alcalde discutir el tema. Entonces se realizarían diversos talleres informativos y de planteamiento de propuestas para la reubicación, y se constituyo el Comité Multisectorial integrado por 28 organizaciones sociales del distrito. El proyecto Toromocho, es un yacimiento de tipo porfírico (cobre esparcido) por lo que su explotación mas apropiada será a tajo abierto. Por el tamaño del tajo proyectado es necesario reubicar la zona urbana de Morococha (Junin) En 1998, la entonces propietaria del yacimiento reporto que en Morococha existían 657 viviendas. El área urbana es de aproximadamente 34 hectáreas y alberga a aproximadamente mil familias y/o 9 mil habitantes, que deberían ser reubicados. En febrero de 2004, cuando se conocieron los planes de la empresa Minera Perú Copper, comenzó la discusión en el pueblo sobre el futuro de Morococha. En agosto del 2006 la Municipalidad Distrital realizó una audiencia pública para consultar la aceptación u oposición a la reubicación de Morocoha; cerca de 700 pobladores asistieron, 617 se pronunciaron a favor de la reubicación y 10 en contra. Con el fin de concretar el acuerdo se elaboraría un plan de reubicación. Se debatieron tres propuestas: el anexo Llantempampa, la hacienda Pucará y la zona de Pachachaca; la mas favorable sería Pachachaca (en un área de 82 ha.) por ubicarse en una planicie, a menos altura y por su cercanía con la ciudad de La Oroya. La población exigía que la nueva zona tuviera todas las condiciones para la reubicación, como una vivienda, los servicios básicos, infraestructura educativa y pública; así como empleo y compensaciones económicas. De igual manera, a través de la Municipalidad Distrittal y el Comité Multisectorial sostenía que el contrato de transferencia por el que Minera Perú Copper (adquirida por Chinalco en 2007) ejercía la opción de compra no consideró la propuesta de convenio marco para la compensación urbana y que por el contrario continuaban con su plan de compra de casas presionando a propietarios e inquilinos. Los pobladores no se oponían al proyecto minero pero como afectados por el reasentamiento consideraban que la empresa obligatoriamente debe exponer el Estudio de Factibilidad, Estudio de Impacto Ambiental y el Plan del Reasentamiento de la ciudad y brindar justas indemnizaciones y compensaciones. Ello en el marco de un proceso de dialogo. La empresa minera no pretende discutir una propuesta de reubicación integral. Su estrategia es el trato directo con los propietarios y la compra de viviendas. Esta situación deja en desventaja al sector mayoritario que viene a ser los inquilinos. Se sabe que la empresa invertirá 40 millones de dólares en la construcción de 1,200 viviendas para la reubicación de Morococha. De acuerdo con la versión de los afectados, el Estado esta casi ausente en el conflicto; salvo la intervención de la Defensoría del Pueblo o el Gobierno Regional de Junín y algunos congresistas. En agosto del 2006 la Municipalidad Distrital realizó una audiencia pública para consultar la aceptación u oposición a la reubicación de Morocoha; cerca de 700 pobladores asistieron, 617 se pronunciaron a favor de la reubicación y 10 en contra. Con el fin de concretar el acuerdo se elaboraría un plan de reubicación. Se debatieron tres propuestas: el anexo Llantempampa, la hacienda Pucará y la zona de Pachachaca; la más favorable sería Pachachaca (en un área de 82 ha.) por ubicarse en una planicie, a menos altura y por su cercanía con la ciudad de La Oroya. La población exigía que la nueva zona tuviera todas las condiciones para la reubicación, como una vivienda, los servicios básicos, infraestructura educativa y pública; así como empleo y compensaciones económicas. De igual manera, a través de la Municipalidad Distrital y el Comité Multisectorial sostenía que el contrato de transferencia por el que Minera Perú Copper (adquirida por Chinalco en 2007) ejercía la opción de compra no consideró la propuesta de convenio marco para la compensación urbana y que por el contrario continuaban con su plan de compra de casas presionando a propietarios e inquilinos. Para julio de 2012 y con una inversión aproximada de US$ 50 millones, la compañía edifica el nuevo poblado para trasladar a unos cinco mil pobladores de Morococha. Estamos construyendo 1050 viviendas, 25 edificaciones, entre escuelas, centros de salud, comisarias, coliseos y todas las construcciones que tiene una ciudad moderna, sostuvo el superintendente de Obras Públicas, Juan Álvarez. No todos confían en las promesas de Chinalco, durante el proceso de reubicación, Chinalco compró gran parte de las viviendas, que según algunos de los pobladores de Morococha, han sido adquiridas a muy bajo precio. Toromocho se espera que abra en finales de 2013, operará durante 35 años y producirá 250.000 toneladas de cobre al año - casi un cuarto de la producción de 2011 del Perú- con una inversión de USD 2.150 millones. En el 2013, se estima que las reservas de la mina ascienden a más de 1,500 millones de toneladas de mineral (cobre, plata y molibdeno). El titular del MEM indicó que la inversión será de US$ 4,800 millones, más del doble que lo previsto en un inicio. No estamos en desacuerdo con una reubicación, pero creemos que Chinalco ha elegido la zona de forma arbitraria, que es muy húmeda, señaló Marcial Salomé, alcalde de Morococha, quien lideró una protestas. Hay la misma vulnerabilidad en Morococha que en la población que se quiere construir; porque los que conocemos la zona de Hacienda Pucará hoy mal llamado Carhuacoto, sabemos que esa zona es un bofedal, pantanoso, es lecho de río, zona cercana a una Falla Geológica, es una zona que presenta la intensidad sismica grado VI (según escala de Mercali), es contaminado por la presencia de Mercurio, las actuales construcciones presentan problemas de humedad. Pero las relaciones entre la empresa y los habitantes se deterioraron rápidamente. Las casas-piloto expuestas por Chinalco se consideraron muy pequeñas y las indemnizaciones insuficientes; los primeros empleos que se crearon se dieron a trabajadores procedentes de otras provincias, a veces de Chile; el emplazamiento elegido para la construcción de la nueva ciudad â??una zona inundable situada aguas abajo de la presa donde se almacenarán los residuos de la explotación minera- no convenció. Frente a la revuelta de los habitantes, los ejecutivos chinos de la empresa no se presentaron: «Nadie vino a discutir cara a cara con la población, y conmigo tampoco se han entrevistado nunca», se queja el alcalde. En vez de diálogo, Chinalco prefiere a menudo otros métodos: «Yo he recibido amenazas de muerte en mi móvil», afirma Doña Marta Curacachi, presidenta de la Asociación de Mujeres de Morocoha. A inicios de mes, en una conferencia de prensa donde apareció flanqueado por funcionarios de la empresa china Chinalco, por el embajador de ese país Jia Guide y por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el presidente Martín Vizcarra anunció la expansión del proyecto minero Toromocho. Con el anuncio de una inversión de US$ 1300 millones y en el marco de la celebración de los 10 años del inicio de Toromocho, el presidente Vizcarra anunció la segunda etapa de este megaproyecto minero. El mandatario subrayó la importancia de este proyecto, que elevará en 50,000 toneladas métricas la producción diaria de cobre. Este anuncio no estuvo exento de conflicto. Días antes, cientos de ciudadanos de Morococha se movilizaron ante el Ministerio de Energía y Minas en Lima, para rechazar la expropiación de 34 hectáreas a favor del proyecto minero. El conflicto se originó pues la ampliación de la mina implica el traslado y reasentamiento de 65 familias que permanecen en la antigua Morococha y demandan negociar con Chinalco para ser trasladados a un lugar distinto a Nueva Morococha pues consideran que ésta ciudad no reúne las condiciones mínimas para asegurar su calidad de vida. Ante ello, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), emitió la Resolución 120 2018/SBN-DGPE-SDDI en el marco de la Ley 30680, y expropió 34 hectáreas que pertenecían a la Municipalidad Distrital en la Antigua Morococha, lugar donde se ubican las viviendas de las 65 familias. Las organizaciones sociales de Morococha habían anunciado un paro indefinido a partir del 7 de junio. Finalmente se logró un acuerdo y se levantó la convocatoria a la medida de protesta. Según el acuerdo alzando, el Fondo Social Toromocho permitirá la adquisición de un terreno con una dimensión máxima de 34 hectáreas, para fomentar el desarrollo de “proyectos productivos”. Adicionalmente, Chinalco Perú se comprometió a elaborar el estudio técnico del Proyecto de Desarrollo Sostenible (PDS) y el Ministerio de Energía y Minas se encargará de las coordinaciones para la valorización de la infraestructura pública no considerada dentro del Estudio de Impacto Ambiental. Lo que preocupa en este caso es cómo se implementan procesos de traslado forzoso de poblaciones sin prever alternativas de desarrollo sostenible. En el caso de Nueva Morococha, los ciudadanos señalan que no existe una dinámica económica en la zona, debido a que la población en la antigua ciudad de Morococha había establecido sus dinámicas alrededor del comercio y los servicios muchas veces ligados a la propia actividad minera. Por ello Elvis Atachahua, secretario del Frente Amplio por la defensa de los intereses de Morococha, explicó que con el reasentamiento en Nueva Morococha los problemas han crecido. Afirmó que no hay desarrollo económico en la zona y se está despoblando.



Proyecto relacionado: Toromocho

Ver Las reservas del proyecto Toromocho se calculan en 1.500 millones de toneladas de mineral y las posibilidades de producción son de por lo menos 30 años. Chinalco pretende operar una planta concentradora de minerales de hasta 120.000 toneladas de mineral por día, la más grande del país, para alcanzar una producción anual de 250.000 toneladas de cobre fino, así como plata y molibdeno

Derechos vulnerados

Derecho
Acciones directas que violan el derecho a la salud
Acciones directas que violan el derecho a la vida
Acciones directas que violan el derecho a libertad de tránsito y el derecho de residencia
Acciones directas que violan el derecho a un medio ambiente saludable
Desplazamiento interno
Exposición a un medio ambiente peligroso
Violaciones al derecho de los pueblos a la autodeterminacion
Violaciones al derecho de los pueblos al desarrollo

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