La protesta social -expresión de la comunidades para defender la naturaleza-, pone en peligro inversiones millonarias de las industrias extractivas, generalmente impulsadas por empresas transnacionales. Por ello, los Estados consideran cada vez más la protesta social como actividad peligrosa, subversiva y hasta terrorista. Como demuestra este mapa, la criminalización de las personas que se oponen a la imposición del extractivismo es un problema a nivel continental que perjudica a líderes de comunidad, activistas, autoridades y religiosos, independiente de la orientación política de los gobiernos. Esperamos que este mapa ayude a visibilizar el problema de la criminalización de quienes rechazan la minería en sus comunidades y territorios y luchan por sus derechos.